La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, busca conseguir este jueves dictamen para la nueva ley de biocombustibles y llevarla al recinto el próximo 10 de septiembre. El oficialismo logró acercar posiciones con los legisladores de las provincias productoras de bioetanol, pero todavía enfrenta la resistencia de las pymes del biodiésel.
Después de las presiones de los bloques provinciales, el oficialismo introdujo ayer modificaciones en el capítulo referido al biodiésel. Sin embargo, los aliados consideraron insuficientes esos cambios y esta mañana ampliaron la propuesta para reunir las firmas necesarias para el dictamen.
El nuevo texto consiguió el respaldo de los legisladores vinculados con el sector del bioetanol, entre ellos Flavia Royón, quienes dieron el visto bueno a la negociación encabezada por Bullrich y encaminaron la mayoría.
El acuerdo, no obstante, no alcanzó a todos los sectores. Los representantes de las pymes del biodiésel se retiraron disconformes del Salón Azul y cuestionaron que la propuesta avanzara sin el aval de las principales jurisdicciones productoras.
“Sale algo sobre las pymes del biodiésel sin el acuerdo de las provincias que lo hacen”, cuestionó ante El Cronista una voz clave del sector.
Las modificaciones alcanzadas
Las primeras modificaciones incluyeron mantener el corte de biodiésel en el 7,5% en un principio y subiría al 10% doce meses después de la entrada en vigencia de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas conservarían la totalidad del mercado obligatorio.
Cuando el corte alcance el 10%, esas compañías tendrían reservado un 6,5% hasta fines de 2028. La participación bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. En paralelo, el segmento de libre negociación, abierto también a las grandes aceiteras integradas, crecería desde el 3,5% hasta el 7%.
El cambio representa una mejora respecto de la versión anterior, que otorgaba a las no integradas un 5% al comenzar la apertura y reducía su participación al 3% en 2030. El nuevo texto agrega un año de transición y eleva los porcentajes de los primeros tramos. También dispone que ninguna empresa ni grupo económico pueda concentrar más del 14% del segmento reservado.
Sin embargo, dichas modificaciones no fueron suficientes. Al comienzo de la jornada en el oficialismo primaba el nerviosismo y las acusaciones cruzadas a los aliados de comprometerse y desdecirse.
“Las pymes siguen presionando”, aseguró una voz allegada a los voceros del proyecto oficialista.
En este sentido, se introdujo un nuevo cambio clave como guiño a senadores como Flavia Royón, la presidenta de la Comisión.
En este sentido, se extendió el cupo para que las no integradas tengan 15 años de gracia, hasta el año 2036.
A pesar de los cambios, la senadora Alejandra Vigo que responde a Córdoba acompañó el dictamen, pero firmó en disidencia con el 3% que se les da a las pymes no integradas hasta el año 2036. Para dicha legisladora, el 3% es un piso muy bajo para las pymes.
Desde el Justicialismo darán su propio dictamen, pero acompañarán subir el corte y los años para aplicar dicha ley.
La mirada de las Pymes
Las empresas consideran que los cambios sólo postergan el problema porque mantienen la reducción progresiva de la participación protegida.
Para el sector, el esquema continúa siendo un “cronograma de extinción”: al final de la transición, las plantas deberán competir con las grandes aceiteras integradas o quedarán limitadas a un segmento marginal.
Algunos senadores buscan que el cupo del 3% permanezca después de 2031, pero las empresas consideran insuficiente esa alternativa. Este punto quedó fuera del debate gracias a un acuerdo entre el oficialismo y los aliados.
Según estimaron fuentes del sector, si con el 7,5% actual funcionan 25 plantas, una reserva del 3% permitiría sostener apenas ocho o nueve.
La presión de los gobernadores
El oficialismo intenta evitar que la pelea por el biodiésel bloquee el acuerdo alcanzado para el bioetanol, reclamado principalmente por los gobernadores del Norte Grande.
Aunque Bullrich aceptó que existe una lucha entre “las integradas y las no integradas” e introdujo cambios, no aceptó dividir el proyecto (biodiesel / bioetanol) ya que en LLA consideran que son dos caras de la misma moneda.
En Energía creen que es algo complementario y no lo quieren dividir. Aún así, se muestran flexibles: “Cualquier cosa lo separás”, afirmó una fuente en off the récord.
En ese capítulo existe mayor consenso: el corte en las naftas pasaría del 12% al 15%, con un 6% reservado para el producto elaborado con caña de azúcar, otro 6% para el proveniente del maíz y tres puntos adicionales abiertos a la competencia.
El esquema es especialmente relevante para Tucumán, Salta y Jujuy, donde la actividad sostiene ingenios, destilerías y cadenas de proveedores. También abre una oportunidad para las provincias productoras de maíz, aunque el volumen incremental no queda asignado a una materia prima determinada.
Los representantes de esas provincias advirtieron que no están dispuestos a postergar nuevamente la reforma por las diferencias existentes dentro del mercado del biodiésel. Por eso, si no se alcanza un texto único, algunos legisladores plantean separar ambos capítulos y avanzar primero con el bioetanol.
