Mientras el Gobierno reunió a grandes empresas e inversores en Rosario para acelerar los proyectos del RIGI, cerca de 300 empresarios pyme de todo el país discutían, a pocos kilómetros, cómo subsistir en un modelo con caída de ventas, inversión y empleo.
El contraste fue uno de los ejes del Congreso Nacional del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), realizado bajo la consigna “Una economía integrada: hacia un modelo de empleo y desarrollo”. Empresarios de distintas provincias llegaron a Rosario para compartir diagnósticos sobre impuestos, financiamiento, empleo y consumo, pero también para contar historias de empresas que sobrevivieron a crisis, se reconvirtieron y ahora vuelven a enfrentar un escenario de incertidumbre.
Las pymes reconocen el ordenamiento macroeconómico y la necesidad de corregir desequilibrios, pero cuestionan la velocidad y los instrumentos de la transformación.
Sienten que se les exige competir como si ya tuvieran las mismas condiciones que las grandes compañías, cuando todavía cargan con falta de crédito, presión tributaria, costos logísticos y un mercado interno debilitado.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios reflejó que una pequeña y mediana empresa soporta 62 obligaciones tributarias al año. A eso se suman saldos a favor inmovilizados, embargos y multas que erosionan su capital de trabajo.
Empresarios que sobrevivieron a las crisis
Entre los participantes había empresarios que llevan décadas al frente de sus compañías, muchos de ellos hijos de inmigrantes, que levantaron fábricas y comercios desde cero y atravesaron distintas crisis económicas sin abandonar la actividad.
Uno de ellos recordó su propia historia de reconversión: en 2006 compró una fábrica de mayonesa que había cerrado después de la crisis de 2001. La empresa llegó a tener unos 100 empleados y multiplicó su producción, de alrededor de 400 a 4000 toneladas mensuales. La calidad del producto fue tal que terminó abasteciendo a algunas de las principales marcas del país. El año pasado, después de casi dos décadas de crecimiento, la compañía quedó en manos de una de las principales aceiteras del país.
La historia resume el espíritu de muchos de los empresarios reunidos en Rosario: no hablan de abandonar ni de dejar de invertir, sino de proyectos que hoy no encuentran condiciones para concretarse.
Entre los conceptos que circulan apareció el “stock de proyectos reprimidos” (SPR), que surgió de una encuesta que MONAPY le encargó a la Fundación Observatorio Pyme (FOP). La estimación histórica señalaba que por cada pyme existían cinco proyectos de inversión que no llegan a concretarse por las distintas barreras. Hoy se suma un contexto económico contractivo que deja sin asidero la vocación de las pymes.
El número que miran antes que el RIGI
Para las pymes, la discusión económica comienza mucho antes de los grandes proyectos de inversión, en el bolsillo de sus clientes.
Los empresarios aseguran que siguen de cerca el “salario disponible” y el peso creciente de los servicios sobre los ingresos de los hogares. Cuando después de pagar tarifas, alquileres y otros gastos queda menos dinero para consumir, la caída llega rápidamente a comercios, fábricas y proveedores.
Ese deterioro del consumo se combina con una estructura de costos que consideran difícil de sostener.
Durante el Congreso, MONAPY planteó que el transporte automotor concentra alrededor del 91% de la carga, mientras que mover un contenedor en terminales locales puede costar varias veces más que en países competidores de la región. También cuestionó el costo de la energía y la escasez de financiamiento.
El diagnóstico empresarial es que la productividad de una fábrica puede ser competitiva puertas adentro, pero esa ventaja se pierde cuando el producto sale de la planta.
Más competitividad, el dilema
Si bien los empresarios no rechazan la apertura comercial apoyan que exista una administración del comercio. Lo que cuestionan es que se les exija alcanzar estándares internacionales sin contar con herramientas equivalentes a las de sus competidores.
Según los datos presentados durante la jornada, las pymes explican alrededor del 45% del PBI, pero acceden sólo al 2% del financiamiento. Ocho de cada diez empresas, según el diagnóstico expuesto, deben recurrir al autofinanciamiento para sostenerse o invertir.
La presión tributaria es otro de los principales reclamos. Los empresarios cuestionan especialmente los impuestos distorsivos, los embargos de ARCA y la falta de mecanismos de alivio que consideren la escala de las pequeñas compañías.
Una de cada siete pymes industriales recibió embargos por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informó el Observatorio Pyme y mencionó que la mitad responde a atraso en el pago de una obligación corriente; además, en la mayoría de los casos la notificación llegó dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la obligación.
Entre los costos que más preocupan a las pymes aparece la energía. En el Congreso señalaron que la electricidad aumentó más de 500% desde 2024 y que, en Santa Fe el costo energético “es mayor al de Alemania”.
En ese contexto, Nicolás Massot, presentó un proyecto para reducir la presión fiscal sobre las pymes, eliminar el impuesto a los créditos y débitos para determinadas empresas, reducir temporalmente las contribuciones patronales, crear un sistema de scoring crediticio y establecer mecanismos para suspender embargos y regularizar deudas.
La economía de dos velocidades
Si bien los empresarios no buscan cruzarse con los organizadores de las “Ronda RIGI”, el contraste fue explícito.
Alfonso Prat-Gay describió una Argentina con una economía “partida” geográficamente, por sectores y también según el tamaño de las empresas. A su juicio, existen grandes ganadores, pero todavía demasiados perdedores.
El exministro sostuvo que los sectores de hidrocarburos y minería vienen creciendo con fuerza, pero planteó que, “si se excluye la economía extractiva, la mayor parte de la actividad económica lleva 5 años sin crecer”.
El punto toca directamente el debate abierto por las rondas RIGI: mientras la Argentina apuesta a grandes inversiones en recursos naturales, las pymes reclaman que esa expansión genere una cadena de proveedores, empleo y actividad que alcance al resto de la economía.
Prat-Gay aportó además un dato que coloca a las pymes en el centro de la discusión laboral: sostuvo que, si se incluye el empleo no registrado, casi 70% de las personas ocupadas tiene como creadora a una pequeña o mediana empresa.
El reclamo no es volver atrás
Massot planteó una de las principales tensiones de la actualidad al advertir que la Argentina está atravesando una transición entre modelos y que no debería caer en una discusión de suma cero entre crecimiento y estabilidad. También cuestionó que la apertura pueda terminar profundizando el estancamiento de empresas que todavía dependen del mercado interno.
En la misma línea, Massot planteó la necesidad de pensar qué hacer con la riqueza que generen los recursos naturales. “Se trata de pensar cuáles son las consecuencias de las políticas de hoy y cuán sostenibles es una economía”, sostuvo.
Alejandro Bestani, fundador de MONAPY, reclamó una agenda específica para el sector. “Necesitamos construir una agenda desde las pymes, que incorpore nuestra experiencia a las decisiones económicas”, planteó.
En Rosario, en una misma jornada, quedaron planteadas dos imágenes de la misma transformación económica que atraviesa la Argentina. Mientras el RIGI busca atraer grandes capitales para cambiar la matriz productiva, del otro lado, empresarios que no pueden subir a ese tren, reclaman que se equiparen las condiciones.
Al cierre del evento, en diálogo con periodistas, una empresaria que ofrece servicios en el sector minero hace 20 años pero, ahora, pierde contratos por la oferta de empresas de Chile y Perú graficó el debate: “Celebrar 2500 pymes en las Rondas RIGI es como aplaudir una fila de 5 cuadras para cubrir 3 puestos de trabajo”.
