El Gobierno estadounidense le anticipó a las empresas de su país que operan en Argentina que podría haber fondos disponibles para financiamiento por hasta u$s 30.000 millones.
La información se conoce luego de que se firmara el acuerdo Corredor Andes-Atlántico en el que el Eximbank (banco de exportaciones e importaciones estadounidense) anunciara el financiamiento por u$s 7000 millones para proyectos estratégicos. El financiamiento se destina a las exportaciones e importaciones que surjan de empresas de ese país.
Más tarde, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró que hasta 2027 habría financiamiento por u$s 20.000 millones, en un gesto de respaldo al presidente Javier Milei.
Sin embargo, durante la reciente visita del subsecretario de Estado norteamericano, Cristopher Landau, la comitiva explicó a las empresas que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) tenía una capacidad de financiar inversiones en el país por u$s 20.000 millones, opción que se encuentra bajo análisis. Ese monto representaría el 10% de la capacidad de financiamiento total del DFC.
En paralelo, el Eximbank analiza mejorar la categoría de Argentina dentro de su portfolio, lo que abriría el escenario para un financiamiento por hasta u$s 10.000 millones adicionales.
Así lo contó Alejandro Díaz, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham).
Sin embargo, ambas alternativas se encuentran bajo análisis.
El mecanismo de financiamiento abarcaría desde desembolsos hasta garantías y seguros. Esto además podría traccionar financiamiento adicional ya que, en el caso del DFC, el organismo no opera como financiador único, sino que plantea topes máximos por proyectos, pero sí serviría para canalizar otras fuentes de financiamiento con el respaldo del organismo.
Además, dentro del DFC hay al menos 25 proyectos de empresas que operan en Argentina bajo análisis. Sin embargo, se mantiene la distinción de no canalizar los fondos hacia empresas bajo control estatal, lo que no descarta a empresas que tengan accionistas de empresas controladas por estados.
El sector en la mira en este sentido es en parte la logística, dada la relevancia para sectores estratégicos para Argentina pero también contemplados en los tratados con Estados Unidos, como los minerales críticos. Las expectativas están centradas en el cobre y el litio en este sentido. También se suma la producción de petróleo y gas.
Este último sector es un páramo dentro del ruido que se ha generado en los últimos meses respecto del programa económico. Referentes del mercado aseguran que confían en que no se ratificará el péndulo en materia de política económica, pero que de todas maneras no miran las elecciones con especial preocupación.
Si bien quieren preservar las políticas que hicieron a la expansión del sector en los últimos años, entre ellos el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aseguran que Vaca Muerta fue la única política de Estado que se mantuvo en los últimos años, y argumentan que todas sus inversiones son pensadas en el largo plazo, aunque no descartan que cambios relevantes en las políticas del sector puedan traducirse en malestar de casas matrices.
La expectativa es que el crecimiento de este sector se traduzca en que la balanza comercial deje de ser finalmente un problema para la Argentina, sobre todo dado el peso que han ganado dentro de la canasta exportadora.
