El Bloque PRO respaldó el cierre del convenio de la Casa Abrigo tras revelarse un gasto de $43 millones en solo tres meses para la atención de cuatro menores. Exigen que la reorganización respete la voluntad fundacional de la familia donante.
El futuro del Hogar Mignaquy ha vuelto a sacudir la agenda política de Bragado. Esta vez, el debate no solo gira en torno a la gestión operativa, sino a una cifra que el Bloque PRO calificó de «inadecuada»: la inversión de 43 millones de pesos en un solo trimestre destinada al cuidado de apenas cuatro menores.
Los concejales Martín Ribatto, Carla Bruno y Fernando Franzoni rompieron el silencio para fijar una postura clara. Si bien apoyan la decisión del Poder Ejecutivo de finalizar el convenio con la Provincia de Buenos Aires y avanzar en el cierre de la Casa Abrigo, lo hacen bajo una lupa estrictamente fiscal y ética.
El eje de la polémica: un gasto bajo sospecha
Para el espacio opositor, la modalidad que se venía implementando era insostenible. El desembolso millonario para un grupo tan reducido de niños se convirtió en el argumento central para avalar el corte del convenio.
«Consideramos necesario que se brinden precisiones sobre el destino de los fondos y las acciones a seguir, a fin de garantizar una gestión eficiente y transparente», sentenciaron los ediles a través de un comunicado.
Rescatar el espíritu fundacional
Más allá de los números, el PRO puso sobre la mesa un reclamo histórico: el respeto por el origen de la institución. Ante la inminente reorganización del espacio, advirtieron que cualquier camino que se tome debe ser fiel al sentido histórico y a la voluntad expresada por la familia Mignaquy al momento de realizar la donación del inmueble.
Un escenario de reconfiguración
Con el respaldo de este sector de la oposición, el Ejecutivo local gana aire para desmantelar un sistema que, a la luz de los datos presentados, resultaba deficitario o, al menos, cuestionable en su eficiencia.
La lupa hoy está puesta en dos frentes:
• La rendición de cuentas: ¿Cómo se ejecutaron esos 43 millones de pesos?
• El nuevo modelo: ¿Qué función cumplirá el Mignaquy a partir de ahora para no traicionar su legado?
Lo que queda claro es que el cierre del convenio no es el fin del conflicto, sino el inicio de una etapa de reorganización donde la transparencia será la moneda de cambio exigida por la dirigencia política.
