La comunidad educativa de la Escuela N°10 de Bragado atraviesa momentos de profunda preocupación e indignación debido a una ola de robos y vandalismo contra las bicicletas de los alumnos. La problemática fue expuesta públicamente a través de un video difundido en redes sociales por la docente Sofía Villalba, quien dialogó en exclusiva con el programa Entre Nosotros para detallar los pormenores de la situación.
Una modalidad delictiva en constante aumento
Lejos de tratarse de un hecho aislado, los ataques al bicicletero externo del establecimiento se han vuelto sistemáticos en las últimas semanas. Según detalló la seño de sexto grado, los incidentes afectan directamente a los menores que utilizan este medio de transporte para asistir a clases:
Hace un mes, una alumna sufrió el robo de partes de su bicicleta.
La semana pasada, un estudiante de cuarto grado encontró su rodado totalmente desarmado.
Ayer, la víctima fue un alumno de quinto grado, a quien le sustrajeron el asiento.
«Hay nenes de esta escuela que realmente no tienen quién los traiga (…) se vienen en la bici, la dejan afuera con el candado y, así, la verdad no van a querer venir más en bici. Y nosotros queremos que los chicos vengan a la escuela«, expresó Villalba con evidente malestar.
Asimismo, descartaron la posibilidad de ingresar los rodados al patio institucional debido a que este no cuenta con la amplitud necesaria y, en experiencias anteriores, el resguardo interno derivó en travesuras y faltantes de piezas menores, como los protectores de válvulas.
Trabas burocráticas y el drama de denunciar
El malestar de los docentes y padres no se limita solo a los robos, sino también a la falta de respuestas ágiles por parte del sistema de seguridad.
El día de los hechos, Villalba y una compañera se presentaron en la comisaría local a las 12:05 del mediodía para buscar asesoramiento y solicitar la revisión de cámaras. Sin embargo, tras una espera que se extendió hasta las 12:30 —horario límite previo al ingreso del turno tarde escolar—, no fueron atendidas bajo el argumento de que el único oficial disponible se encontraba ocupado. Ante la imposibilidad de aguardar debido a sus obligaciones laborales, ofrecieron dejar una nota firmada que documentara su visita, sin obtener soluciones concretas.
Desde las fuerzas de seguridad se exige la denuncia formal para habilitar la visualización de registros fílmicos, como los captados por las cámaras municipales ubicadas en las inmediaciones de la escuela. No obstante, los padres se muestran reacios a realizar el trámite: «Ir a la comisaría te implica perder capaz dos o tres horas, te tenés que redisponer de tu laburo y no te dan ninguna solución», señaló la docente.
Solidaridad vecinal y soluciones que dependen de burocracia
Ante la desprotección oficial, la respuesta comenzó a gestarse desde la propia comunidad. Una madre de un alumno de quinto grado donó dos cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia del establecimiento.
No obstante, para ponerlas en marcha la institución enfrenta nuevas trabas económicas y operativas: la directora debió elevar un pedido al Consejo Escolar para obtener la autorización correspondiente, y ahora la comunidad necesita reunir fondos para adquirir las memorias de almacenamiento y contratar a un técnico que realice la instalación.
Mientras tanto, los docentes y las familias continúan organizándose a través de redes sociales y grupos de WhatsApp —con el apoyo de vecinos y madres que intentan articular por su cuenta con áreas como monitoreo municipal—, exigiendo medidas urgentes que garanticen la seguridad de los niños y de sus bienes.
