La medida será el miércoles 12 de agosto y tendrá una duración de 24 horas. El Frente Sindical de Universidades Nacionales reclama que el Gobierno cumpla efectivamente con la Ley de Financiamiento Universitario y con lo dispuesto por la Justicia.
Las universidades nacionales volverán a atravesar una jornada de protesta el próximo miércoles 12 de agosto, cuando el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FEDUN) realice un paro nacional de 24 horas en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida forma parte del conflicto que mantienen los gremios docentes y no docentes con el Gobierno nacional, al que cuestionan por no ajustarse a las decisiones adoptadas por la Justicia.
La huelga se enmarca en un plan de lucha que contempla nuevas jornadas de protesta durante agosto, mientras continúa el reclamo por la aplicación de la normativa que establece medidas de financiamiento para las universidades públicas.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo esta semana, cuando la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución se produjo luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei debe actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles en las universidades públicas, de acuerdo con lo establecido por la ley.
Otras organizaciones todavía no confirmaron su adhesión
Por el momento, la nueva jornada de protesta no fue confirmada por otras organizaciones gremiales mayoritarias del sector, como Conadu y Conadu Histórica.
Ambas agrupaciones podrían definir en los próximos días si se suman a la medida de fuerza convocada para el miércoles 12 de agosto.
La protesta se suma así a una serie de medidas impulsadas por los gremios universitarios en medio de un conflicto que continúa centrado en el financiamiento de las universidades públicas, la actualización salarial y el cumplimiento de las disposiciones judiciales.
