La adhesión al paro nacional convocado por CTERA alcanzó el 90% en las escuelas públicas del distrito durante el turno mañana. Mientras los gremios reclaman la convocatoria a la paritaria nacional y mejoras salariales, el Gobierno nacional advirtió que realizará inspecciones y podría aplicar sanciones por presuntos incumplimientos del servicio mínimo.
El paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tuvo este lunes 3 de agosto un fuerte impacto en Bragado, donde el acatamiento alcanzó el 90% en escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes del sector público, según informó la Jefatura Distrital de Educación tras el relevamiento del turno mañana. La medida de fuerza coincidió con el regreso a clases luego de las vacaciones de invierno y fue impulsada en reclamo de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, mejoras salariales y mayores inversiones en el sistema educativo.
El elevado nivel de adhesión reflejó el malestar del sector docente en el reinicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde CTERA sostienen que el Gobierno nacional mantiene una “permanente negativa” a convocar la Paritaria Nacional Docente, ámbito que consideran indispensable para discutir salarios, condiciones laborales e inversión en infraestructura y formación educativa.
La jornada también estuvo atravesada por la controversia en torno a la reciente Ley de Modernización Laboral, que declara a la educación como un servicio esencial y establece la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% durante las medidas de fuerza. No obstante, el nivel de adhesión registrado en Bragado evidenció que esa prestación no pudo sostenerse durante la mañana. Desde los sindicatos cuestionan la aplicación de esa exigencia y defienden la legalidad de la huelga.
Al paro de CTERA se sumaron los gremios universitarios CONADU y CONADU Histórica, además de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. También adhirió la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuya medida afectó al personal auxiliar de los establecimientos educativos, como porteros, personal de limpieza y comedores escolares, dificultando o impidiendo el funcionamiento normal de numerosos edificios.
En ese contexto, el Gobierno nacional anunció que realizará inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento del servicio mínimo previsto por la Ley 27.802. Según informó el Ministerio de Capital Humano, los controles estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y, en caso de constatar incumplimientos, se pondrán en marcha los mecanismos para aplicar sanciones a las entidades gremiales.
La cartera nacional indicó que los monitoreos buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y advirtió que actuará si detecta infracciones. La decisión fue comunicada mediante un comunicado oficial en el que sostuvo que se activarán los protocolos sancionatorios cuando corresponda.
Además de exigir la reapertura de la paritaria nacional y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), CTERA reclama una nueva ley de financiamiento educativo, mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, conectividad, becas y programas socioeducativos. El gremio también expresó su rechazo a una eventual reforma jubilatoria y al proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”.
La aplicación de la declaración de esencialidad, sin embargo, continúa bajo discusión judicial. Una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió provisoriamente esa disposición mientras se analiza una demanda presentada contra la legislación. Pese a ello, el Gobierno sostiene que, tras la apelación presentada, el criterio continúa vigente hasta que exista una resolución judicial definitiva.
Mientras CTERA ratificó la huelga nacional, los gremios docentes nucleados en la CGT resolvieron continuar con un plan de lucha sin convocar a una interrupción de las clases.
