El fenómeno afecta a más de diez instituciones en distintas provincias. Investigadores señalan que la mayoría de los casos involucra a menores de entre 12 y 15 años. Tucumán ya dictó decretos con sanciones para padres y alumnos.
A raíz de una investigación publicada originalmente por el diario Clarín, se ha dado a conocer una preocupante sucesión de amenazas de ataques en establecimientos educativos de todo el país. Lo que comenzó como episodios aislados se ha transformado en una tendencia que ya obligó a activar protocolos de seguridad en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego. Las autoridades investigan si detrás de estos hechos existe un «desafío viral» que busca generar pánico y la suspensión de clases.
Un mapa de la situación federal
El relevamiento nacional indica que la problemática no distingue regiones. En la Ciudad de Buenos Aires, la Escuela Técnica N° 9 Ingeniero Huergo de Caballito fue uno de los focos de alerta tras la aparición de pintadas en sus baños. Un patrón similar se repitió en la IPEM 142 de La Falda (Córdoba), el Colegio San Francisco (Tucumán) y la EPET 1 de Cutral Co (Neuquén), entre otros.
En todos los casos, el modus operandi es el mismo: inscripciones manuales, generalmente en baños o paredes periféricas, anunciando tiroteos para fechas específicas. Ante esto, la respuesta institucional ha sido inmediata:
• Revisión de pertenencias: En colegios como la Escuela Salvador Debenedetti de Avellaneda, se solicitó a los alumnos mostrar el contenido de sus mochilas.
• Custodia policial: Varios distritos dispusieron patrullajes preventivos en los horarios de entrada y salida.
El factor del «reto viral» y el perfil de los involucrados
Según los datos estadísticos que manejan las carteras de Seguridad y Educación, el fenómeno parece estar protagonizado por adolescentes de entre 12 y 15 años. Los especialistas advierten que estos jóvenes suelen buscar el «impacto digital» y la reacción institucional (suspensión de actividades) que estos mensajes provocan al ser compartidos en redes sociales.
Sin embargo, el contexto es de extrema sensibilidad debido a antecedentes recientes. La semana pasada, un joven de 15 años fue identificado tras amenazar a su antiguo colegio en La Matanza, y en San Cristóbal (Santa Fe), un hecho violento real terminó con la vida de un estudiante en marzo. Estos sucesos obligan a las autoridades a tratar cada amenaza con la máxima rigurosidad, sin margen para considerarlas simples «bromas».
Medidas drásticas: El caso de Tucumán
Ante la multiplicidad de amenazas, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto que marca un precedente en el país. La normativa establece que los directivos son responsables del cuidado de los alumnos y, de no cumplir con los protocolos, los colegios privados podrían perder subsidios estatales.
Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Educación a aplicar medidas correctivas severas, que incluyen la expulsión de los alumnos involucrados. Un punto clave de esta medida es la responsabilidad civil de los padres, quienes deberán responder legalmente por las conductas de sus hijos.
La importancia del diálogo familiar
Expertos en psicopedagogía subrayan que el «efecto contagio» solo puede frenarse mediante el diálogo y la supervisión. Instan a los padres a estar atentos a los grupos de WhatsApp y redes sociales de los menores. El objetivo es concientizar sobre el hecho de que estas acciones no solo interrumpen el derecho a la educación, sino que movilizan recursos de emergencia (policía, ambulancias, peritos) que son detraídos de otras urgencias reales.
Mientras la justicia avanza en la identificación de los autores a través de pericias caligráficas y análisis de cámaras, la comunidad educativa nacional se mantiene en alerta para garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros para el aprendizaje.
Fuente consultada: Información basada en el relevamiento de Clarín (Sociedad) sobre protocolos de seguridad en instituciones educativas.
