La empresa, con sucursales en Bragado y Chivilcoy, cesó sus actividades de manera imprevista. Los empleados aseguran que los dueños desaparecieron y los clientes reclaman por acopios de materiales no entregados.
Desde el inicio de esta semana, la firma Grupo Renovar se encuentra en el ojo de la tormenta tras el cierre intempestivo de sus locales. La situación, que afecta tanto a la sucursal de Bragado como a la de Chivilcoy, ha generado un conflicto de doble vía que ya escala a niveles judiciales.
El conflicto laboral en Bragado
A diferencia de lo ocurrido en Chivilcoy, donde el cierre fue total el pasado lunes, en la sucursal de nuestra ciudad los trabajadores mantienen una presencia activa para resguardar su situación legal. Ante la falta de telegramas de despido y la ausencia de autoridades de la empresa, los empleados denuncian:
• Deudas salariales: Reclaman haberes impagos desde marzo y el aguinaldo del segundo semestre del año pasado.
• Autogestión de emergencia: Para costear sus necesidades básicas, el personal se encuentra vendiendo el stock remanente de mercadería.
• Falta de interlocutores: El Centro de Empleados de Comercio local confirmó la imposibilidad de contactar a los propietarios para iniciar una mediación.
El drama de los clientes y el acopio
La preocupación crece entre los vecinos que realizaron compras bajo la modalidad de acopio. Según testimonios de los damnificados, la empresa continuó cobrando sumas millonarias hasta días antes del cierre, sabiendo que no realizaría las entregas.

Actualmente, un grupo de clientes damnificados se está organizando para llevar el caso a la justicia. Si bien el reclamo comenzó en el ámbito civil por incumplimiento de contrato, la sospecha de una maniobra defraudatoria podría derivar en una causa penal por estafa, dado el ocultamiento de la situación financiera de la empresa al momento de concretar las últimas ventas.
Situación actual
Al cierre de esta edición, no existe un comunicado oficial por parte del Grupo Renovar. La incertidumbre reina entre las familias de los trabajadores, que se encuentran formalmente vinculados a una empresa que ya no opera, y los compradores que ven en riesgo los ahorros invertidos en materiales para la construcción.

