La detención del concejal de La Libertad Avanza Germán Díaz volvió a sacudir el escenario político de Bragado y puso nuevamente al espacio libertario en el centro de la escena.
La situación fue informada por la Secretaría de Seguridad y se produce en el marco de una investigación judicial. Díaz permanece detenido y deberá atravesar ahora las instancias correspondientes dentro del proceso.
Frente a este escenario, Entre Nosotros consultó a Daniela Monzón, actual referente de La Libertad Avanza en Bragado y presidenta del bloque de concejales, quien hizo llegar la posición oficial del espacio mediante un comunicado firmado también por Paola Alsina, Andrés Drunday y Gabriel Blaiotta.
Desde el bloque señalaron que cualquier cuestión vinculada con la investigación y con la situación personal de Díaz “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y remarcaron que no corresponde que los concejales emitan valoraciones sobre una eventual responsabilidad mientras el proceso se encuentra en curso.
Al mismo tiempo, plantearon que la situación deberá ser abordada institucionalmente por el Honorable Concejo Deliberante, respetando el Reglamento Interno del Cuerpo y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Los concejales libertarios manifestaron además su predisposición a reunirse con el resto de los integrantes del Concejo para analizar los pasos que correspondan y determinar las medidas institucionales que eventualmente sean necesarias.
Sin embargo, el comunicado también contiene una definición política concreta: el bloque expresó su “enérgico repudio” a cualquier hecho, acción u omisión relacionada con la venta y comercialización de estupefacientes, actividad que calificaron como “un grave flagelo para nuestra sociedad”.
Un antecedente que vuelve a poner el foco sobre Díaz
La situación actual también vuelve a traer a la discusión pública un episodio ocurrido en abril de 2024.
En aquel momento, Díaz quedó públicamente relacionado con un procedimiento policial realizado en una propiedad rural vinculada a su entorno familiar, en el marco de una investigación relacionada con el cultivo de cannabis.
En declaraciones realizadas entonces a medios locales, el dirigente explicó que el inmueble allanado no era de su propiedad ni constituía su domicilio legal, sino que pertenecía a su entonces pareja.
Díaz sostuvo además que la investigación no estaba dirigida contra él y que no figuraba imputado ni mencionado en las actuaciones. Según explicó en aquella oportunidad, las autoridades habían encontrado documentación respaldatoria relacionada con la actividad que se desarrollaba en el establecimiento.
Junto a su abogado, el Dr. Piero Liebedman, Díaz había explicado que el emprendimiento se encontraba encuadrado dentro de la normativa vigente y registrado bajo la categoría de criadero en el marco de la Ley Nacional de Semillas ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Según aquella explicación, la actividad estaba vinculada al desarrollo de ensayos genéticos, investigación de cepas y producción de semillas destinadas a usos medicinales e industriales.
Ese episodio de 2024 no debe confundirse con la investigación actual ni permite establecer por sí mismo una responsabilidad penal. Sin embargo, vuelve a adquirir relevancia en el debate público debido a que nuevamente el nombre del concejal aparece relacionado con procedimientos judiciales vinculados al cannabis.
Una sociedad con opiniones encontradas
Más allá de lo que suceda en los tribunales, la situación ya comenzó a generar distintas reacciones entre los vecinos.
Por un lado, están quienes consideran que lo ocurrido debe analizarse exclusivamente como una situación individual de Germán Díaz y que no corresponde responsabilizar automáticamente a todo un partido por las acciones de uno de sus integrantes.
Pero también hay quienes trasladan el cuestionamiento hacia La Libertad Avanza como espacio político y recuerdan el discurso de transparencia y “ficha limpia” que forma parte de sus principales banderas.
En redes sociales ya comenzaron a circular expresiones muy críticas que plantean una contradicción entre ese discurso y la situación que atraviesa uno de sus concejales.
La otra mirada sostiene que una eventual responsabilidad debe ser determinada por la Justicia y que generalizar sobre todo un espacio político sería injusto.
Ambas posiciones ya forman parte de la discusión pública local.
El impacto político
El episodio llega, además, en un momento particularmente sensible: las elecciones están cada vez más cerca.
La Libertad Avanza logró construir en los últimos años una identidad política basada, entre otras cosas, en la renovación, la transparencia y el cuestionamiento a las estructuras tradicionales de la política.
Por eso, cuando uno de sus representantes queda involucrado en una investigación judicial, el impacto trasciende inevitablemente lo personal.
La pregunta que queda planteada es hasta dónde llega la responsabilidad individual de un dirigente y dónde comienza la responsabilidad política del espacio que lo llevó a ocupar una banca.
Por ahora, la conducción del bloque libertario eligió la cautela: no anticipar responsabilidades, respetar las garantías y dejar que la Justicia avance.
Eso no significa que el episodio no vaya a tener consecuencias políticas.
El Concejo Deliberante deberá analizar qué corresponde hacer desde el punto de vista institucional, mientras que La Libertad Avanza tendrá que afrontar el impacto que el caso ya genera entre los vecinos.
Y la sociedad también tendrá su propia evaluación.
Porque mientras la Justicia deberá determinar las responsabilidades que correspondan, la política tendrá que responder otra pregunta: ¿puede una situación judicial que involucra a un dirigente terminar afectando la imagen de todo un espacio político?
En un escenario electoral, esa respuesta puede pesar mucho más de lo que hoy parece.
