El debate en torno a la salud mental en Bragado ha escalado institucional y socialmente a partir de la presentación y posterior rechazo en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de un proyecto de ordenanza impulsado por el vecino Enzo Malfatto. Lejos de agotarse en una disputa partidaria o en la descalificación de la iniciativa, la discusión abrió paso a un profundo análisis de campo y territorial plasmado por el referente radical Jonathan Ponciano, quien pone bajo la lupa los datos duros, la ejecución presupuestaria y la falta de respuestas concretas frente a una demanda social que no da tregua.
Los números que marcan la urgencia y el trasfondo estadístico
El eje central del análisis no se detiene únicamente en la viabilidad técnica del proyecto rechazado, sino en la magnitud de una problemática que los datos exponen con crudeza:
La espera actual: Alrededor de 450 personas en Bragado se encuentran esperando para acceder a un turno con un psicólogo.
Antecedentes de internación: Un registro histórico sobre el Hospital Municipal San Luis documentó 301 ingresos por salud mental entre julio de 2017 y diciembre de 2018, de los cuales 102 estuvieron vinculados a intentos de suicidio (aproximadamente un tercio).
El volumen presupuestario: El presupuesto municipal de 2026 contempla un crédito vigente de $15.813.501.450,67 para el área de Salud, sumado a un Fondo de Salud específico de $508 millones.
Frente a este escenario, se advierte una alarmante escasez de estadísticas locales, sistemáticas y actualizadas que permitan conocer con precisión los tiempos de espera, la cantidad real de consultas, las derivaciones y el seguimiento de los tratamientos.
¿De qué se trataba la propuesta y por qué fue rechazada?
El proyecto desaprobado en el HCD contemplaba la creación de un Servicio de Guardia Activa de Salud Mental las 24 horas en el CAPS N.° 1 «Dr. Rodolfo Arribalzaga», articulado con el Hospital San Luis. La iniciativa proponía un equipo interdisciplinario (psiquiatras, psicólogos, enfermeros especializados y trabajadores sociales), infraestructura adecuada, talleres preventivos, capacitación a fuerzas de seguridad y campañas contra el estigma.
La votación terminó en empate y debió definirse con el doble voto de la Presidencia del Concejo Deliberante, resultando en el rechazo de la ordenanza. Los ediles que votaron en contra fueron Esther Bustos, Agustín Ciotti, Julio Sciascio, Daniel Alianiello, Malena Alonso, Sabrina Gulino, Diego Mosce, Mauricio Yaffaldano y Pilar Vives.
Si bien durante el debate se plantearon objeciones técnicas y de viabilidad sobre el instrumento legal, el cuestionamiento central radica en que descartar una propuesta no extingue el problema que motivó su creación.
Las preguntas que exige la comunidad y el vacío post-rechazo
Uno de los puntos más críticos del informe señala la insuficiencia de los argumentos presupuestarios y las respuestas superficiales. Se cuestiona si realmente se evaluó el costo de implementación, la posibilidad de financiamiento por etapas o la gestión de recursos provinciales y nacionales previstos en la propia propuesta.
Asimismo, ante el anuncio oficialista de crear un área específica de Salud Mental dentro de la Secretaría de Salud recién para 2027, surgen interrogantes ineludibles:
¿Cuándo comenzará a funcionar y con qué presupuesto exacto?
¿Qué profesionales integrarán el plantel y qué capacidad de atención real poseerá?
¿Qué respuesta recibe hoy una persona que atraviesa una crisis y no puede esperar hasta el año que viene?
Una responsabilidad que no se agota en un expediente
La discusión expuesta por Ponciano subraya que la salud mental no puede quedar reducida a un debate sobre la formalidad de una ordenanza o a una promesa de gestión futura. Los datos demuestran que las cifras de espera y sufrimiento no son meros expedientes administrativos, sino urgencias humanas.
La exigencia institucional es clara: si el proyecto original presentaba deficiencias o no era el instrumento adecuado, corresponde fundamentarlo con datos, explicaciones técnicas y, sobre todo, presentar una alternativa superadora con plazos, presupuesto y objetivos verificables. La salud mental en Bragado necesita dejar atrás los discursos y transformarse en una prioridad tangible en las decisiones y en la capacidad de respuesta del Estado.
Sin dudas, este escrito cargado de opinión, marca la diferencia con las propuestas de los demás actores sociales que han esgrimido las suyas, porque se aleja completamente de “proponer” para lograr cierto grado de notoriedad, sino que es aún más interesante (a criterio personal), porque pone de manifiesto filosos interrogantes a todo el sistema político, cuyas respuestas, como ciudadanos locales, deseamos conocer a la brevedad.
Además en un breve cruce de palabras con este medio, Jonathan menciona que uno de los pilares fundamentales para prevenir suicidios, es cambiar de paradigma y “promocionar la vida”, como complemento a lo mencionado.
Porque en este espacio respetamos la opinión ajena, se adjunta texto completo de Jonathan Ponciano para no reducirlo a una mera nota:
“SALUD MENTAL:
LOS NÚMEROS QUE BRAGADO NO
PUEDE IGNORAR
450 personas esperando atención psicológica. Un antecedente local de 301 internaciones por
salud mental en 18 meses, 102 de ellas vinculadas a intentos de suicidio. Más de $15.813
millones contemplados para Salud en el presupuesto municipal de 2026 y un Fondo de Salud
de $508 millones. En este contexto, el Concejo Deliberante rechazó el proyecto que proponía
una Guardia Activa de Salud Mental las 24 horas.
Hay números que, por sí solos, deberían alcanzar para abrir una discusión seria. En Bragado, alrededor
de 450 personas esperan acceder a un turno con un psicólogo. Son 450 personas que necesitan
atención y están esperando acceder a ella. Detrás de ese número hay historias, padecimientos,
familias y situaciones que no siempre pueden esperar a que el sistema encuentre el momento de dar
una respuesta.
La pregunta, entonces, no es si todas esas personas atraviesan una urgencia inmediata. La pregunta es
qué estamos haciendo como comunidad para garantizar que puedan recibir atención a tiempo, cómo
detectamos los casos que requieren una intervención urgente y qué dispositivos existen para
responder cuando una situación no puede esperar.
Porque la salud mental no empieza ni termina en una guardia. Requiere prevención, atención
sostenida, seguimiento profesional y capacidad de intervenir cuando una crisis se vuelve
impostergable. Pero también necesita algo elemental: que las instituciones reconozcan la dimensión
del problema y estén dispuestas a discutir soluciones concretas.
450 PERSONAS ESPERANDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Los antecedentes existen. ¿Qué pasó después?
Un estudio sobre las internaciones en el Hospital Municipal San Luis registró 301 ingresos vinculados a
salud mental entre julio de 2017 y diciembre de 2018. De ese total, 102 estuvieron relacionados con
intentos de suicidio: aproximadamente un tercio.
Es importante precisar que se trata de un antecedente histórico, no de una estadística actual. No
corresponde utilizarlo como si describiera automáticamente la situación de Bragado en 2026. Pero
tampoco corresponde ignorarlo. Si hace años existían indicadores de esta magnitud, la pregunta es
inevitable: ¿qué pasó desde entonces?, ¿cómo evolucionó la demanda?, ¿cuántas personas ingresaron
por crisis de salud mental en los últimos años?, ¿cuántos intentos de suicidio se registraron?, ¿qué
seguimiento recibieron esas personas después de una intervención?
No se trata de instalar miedo ni de utilizar el sufrimiento como argumento partidario. Se trata de contar
con información que permita comprender la realidad y actuar sobre ella.
La falta de estadísticas locales, sistemáticas y actualizadas también debería encender una alarma.
Necesitamos conocer la cantidad de consultas e internaciones, los intentos de suicidio, las
derivaciones, los tiempos de espera y la continuidad de los tratamientos. Necesitamos saber dónde
están las mayores dificultades y qué capacidad tiene hoy el sistema para responder.
1Una política pública seria no puede limitarse a reaccionar ante las crisis: necesita conocerlas,
anticiparse y evaluar sus resultados.
No se discutía solamente una guardia
En este escenario, el Concejo Deliberante de Bragado rechazó el proyecto que proponía crear un
Servicio de Guardia Activa de Salud Mental las 24 horas, con sede operativa en el CAPS N.º 1 “Dr.
Rodolfo Arribalzaga” y articulación con la guardia del Hospital Municipal San Luis.
La propuesta contemplaba un equipo interdisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos,
profesionales de enfermería especializados en salud mental y trabajadores sociales. También
planteaba espacios físicos adecuados para la atención y contención, junto con acciones de prevención,
talleres en instituciones educativas, capacitación para personal policial, bomberos y agentes
municipales, campañas contra el estigma y coordinación con los dispositivos de salud existentes.
Es decir, no se trataba únicamente de abrir una puerta durante las 24 horas. Se proponía discutir cómo
organizar una respuesta especializada, con profesionales, infraestructura, prevención y articulación
institucional.
También hay una distinción que no debería perderse: Bragado ya cuenta con una guardia pasiva de
salud mental. Por eso, sería incorrecto afirmar que no existe ninguna atención durante las 24 horas. El
planteo era otro: avanzar hacia un dispositivo de guardia activa, con capacidad de respuesta
profesional inmediata y una estructura específica para abordar situaciones críticas.
Podrá discutirse si el proyecto era viable en los términos en que fue presentado, si necesitaba
modificaciones o si existía una alternativa más adecuada. Ese debate es legítimo y necesario. Lo que
no debería suceder es que la discusión sobre la forma de una propuesta termine desplazando la
discusión de fondo: ¿qué respuesta necesita Bragado en materia de salud mental y qué decisión
concreta se va a tomar para garantizarla?
Los recursos también forman parte de la discusión
El presupuesto municipal de 2026 contempla un crédito vigente de $15.813.501.450,67 para el área de
Salud. Además, está previsto un Fondo de Salud de $508 millones, creado para reforzar los ingresos
hospitalarios.
Estos números no significan que todo ese dinero esté libre para financiar cualquier dispositivo, ni
permiten afirmar sin un análisis presupuestario y jurídico que una parte pueda destinarse
automáticamente a una nueva guardia. Los recursos tienen asignaciones, compromisos y condiciones
que deben ser evaluados.
Pero precisamente por eso corresponde preguntar: ¿se analizó cuánto costaría implementar el
servicio?, ¿se evaluó la posibilidad de financiarlo por etapas?, ¿se estudió si una parte de los recursos
existentes podía priorizar la atención en salud mental?, ¿se solicitaron alternativas de financiamiento
provincial o nacional, como contemplaba la propuesta?
El proyecto preveía la posibilidad de realizar adecuaciones presupuestarias para 2026 y 2027 y
gestionar recursos ante otros niveles del Estado. No alcanza, entonces, con afirmar que crear un
servicio de estas características tiene un costo. Toda política sanitaria lo tiene. Lo que hace falta
conocer es cuánto costaría, qué recursos humanos requiere, qué alternativas se evaluaron y por qué se
considera viable o inviable implementarla.
Si la respuesta es que no hay recursos suficientes, esa afirmación debe estar acompañada de números,
evaluaciones y alternativas. Si existen otras prioridades presupuestarias, también corresponde
explicarlas públicamente.
La discusión presupuestaria no demuestra por sí sola que el servicio pueda financiarse, pero tampoco
puede cerrarse sin explicar qué se evaluó y qué opciones se descartaron. Cuando hablamos de salud
mental, el presupuesto no es un detalle administrativo: expresa qué necesidades se priorizan y qué
respuestas se está dispuesto a sostener.
2Rechazar una propuesta también exige explicar qué viene
después
La votación terminó empatada y el doble voto de la Presidencia del Concejo Deliberante determinó el
rechazo del proyecto como ordenanza. Durante el debate se plantearon objeciones sobre la vía
normativa y la posibilidad de avanzar mediante una resolución.
Si existían diferencias respecto del instrumento legal, la viabilidad o la implementación, correspondía
fundamentarlas y trabajar sobre ellas. Pero una discusión acerca de si una iniciativa debe aprobarse
como ordenanza o resolución no reemplaza la obligación política de explicar qué se propone hacer
frente a la necesidad que esa iniciativa intentaba atender.
El resultado dejó una decisión institucional concreta: el proyecto no avanzó como ordenanza. Y esa
decisión tiene responsables políticos. Según la reconstrucción pública de la votación, los concejales que
quedaron del lado de la posición que terminó rechazándolo fueron Esther Bustos, Agustín Ciotti, Julio
Sciascio, Daniel Alianiello, Malena Alonso, Sabrina Gulino, Diego Mosce, Mauricio Yaffaldano y Pilar
Vives.
Mencionarlos no implica atribuirles la responsabilidad por cada situación de sufrimiento ni desconocer
su derecho a sostener una posición distinta. Implica algo más sencillo: quienes ocupan una banca y
participan de una decisión pública deben poder explicar sus fundamentos y responder por sus
consecuencias políticas.
La pregunta no es si cada concejal tiene derecho a votar de acuerdo con sus convicciones. Por
supuesto que lo tiene. La pregunta es qué alternativa concreta acompaña ese rechazo. Porque, cuando
se descarta una propuesta, el problema que motivó su presentación no desaparece con la votación.
¿Y las personas que necesitan ayuda hoy?
Después del rechazo, desde el oficialismo se anunció la creación de un área específica de Salud Mental
dentro de la Secretaría de Salud para 2027.
Crear un área puede ser una decisión positiva. Pero un área administrativa, por sí sola, no garantiza
atención las 24 horas, no incorpora automáticamente profesionales, no reduce las listas de espera ni
asegura el seguimiento de quienes atraviesan una crisis. Para evaluar el alcance real del anuncio hacen
falta definiciones concretas.
¿Cuándo comenzaría a funcionar? ¿Con qué presupuesto? ¿Qué profesionales integrarían el equipo?
¿Qué servicios ofrecería y qué capacidad de atención tendría? ¿Cómo se articularía con el Hospital San
Luis, los CAPS, el CPA y los demás dispositivos? ¿Qué medidas se tomarán durante el tiempo que falta
para llegar a 2027?
¿QUÉ RESPUESTA RECIBE HOY UNA PERSONA QUE NECESITA ATENCIÓN Y NO
PUEDE ESPERAR HASTA EL AÑO QUE VIENE?
Si el área anunciada será la respuesta, corresponde conocer sus objetivos, sus recursos y su
cronograma de implementación. Si mientras tanto existen otras medidas posibles, corresponde
ponerlas sobre la mesa. Lo que no resulta suficiente es reemplazar una discusión sobre una necesidad
presente por una promesa cuyo alcance todavía no está claro.
La salud mental no puede depender de anuncios generales ni quedar atrapada en los tiempos de la
discusión política. Necesita planificación, presupuesto, equipos profesionales y continuidad. Y necesita
que las decisiones se midan por las respuestas que efectivamente llegan a la gente.
Los números no pueden quedar en un expediente
Los 450 turnos pendientes, los antecedentes de internaciones e intentos de suicidio y los recursos
previstos para Salud no prueban, por separado, que una única propuesta sea la solución. Ningún
dispositivo aislado puede resolver toda la complejidad de la salud mental.
3Pero, juntos, plantean una exigencia que no admite respuestas superficiales: Bragado necesita una
política integral, con datos actualizados, prevención, atención accesible, intervención en las crisis y
seguimiento. Una política que permita saber qué se está haciendo, qué falta y cómo se van a medir los
resultados.
La responsabilidad no termina en el Ejecutivo ni en el Concejo Deliberante. Involucra al sistema de
salud, a las instituciones educativas, a los organismos provinciales y a toda una comunidad. Sin
embargo, son las autoridades quienes tienen la capacidad y la obligación de impulsar políticas, asignar
recursos, coordinar respuestas y rendir cuentas.
Por eso, el rechazo de un proyecto no debería cerrar la discusión. Debería obligar a profundizarla. Si la
propuesta no era viable, que se expliquen las razones. Si necesitaba modificaciones, que se diga
cuáles. Si existe una alternativa mejor, que se presente con profesionales, presupuesto, plazos y
objetivos verificables.
Lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a que las cifras se repitan, que las personas esperen y
que las respuestas queden siempre para después.
La salud mental no puede ser una prioridad solamente en los discursos. Tiene que serlo en las
decisiones, en el presupuesto y en la capacidad concreta de atender a quienes necesitan ayuda.
Si esta no era la solución, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál es la solución, cuándo se va a
implementar y qué respuesta va a recibir la gente mientras tanto?
Jonathan Ponciano”
