El último informe de la Oficina Nacional de Presupuesto sobre la ejecución al cuarto trimestre de 2025 confirma un cambio que ya no es marginal: el déficit operativo de las empresas públicas se achicó considerablemente y además dejó de ser un fenómeno generalizado y pasó a estar concentrado en pocos jugadores.
El rojo operativo consolidado del sector, en torno a u$s 1.093 millones según los datos disponibles, es sensiblemente menor al de años anteriores. La dinámica es consistente con lo que muestran las estadísticas oficiales: una caída muy marcada del desequilibrio, incluso del orden del 80% en algunos tramos del año.
El resultado operativo es la diferencia entre los ingresos que generan específicamente por su operación, y lo que gastan en mantener dicha operación. Para los casos de empresas deficitarias, la diferencia se cubre con aportes del Tesoro Nacional.
La secuencia de los últimos años es elocuente: En 2019 el rojo operativo fue de u$s 2318 millones, saltó a 2334 millones en 2020, creció a 3767 millones en 2021, se disparó a 6481 millones en 2022, bajó algo a 5440 millones en 2023 (último año de Alberto Fernández) y luego vino la motosierra: déficit de 2277 millones en 2024 y 1092 millones en 2025.
El segundo es la caída de las transferencias del Tesoro. Durante años, el déficit de las empresas públicas funcionó como una extensión automática del déficit fiscal. El nuevo esquema invierte la lógica: el Tesoro deja de cubrir pérdidas y obliga a las empresas a cerrar sus cuentas con ingresos propios. En 2025 recibieron 2,6 billones de pesos. El grueso del dinero fue para Enarsa y la operadora ferroviaria.
El tercero, y probablemente más determinante, es la recomposición tarifaria. Energía, agua, transporte y servicios ajustaron precios, reduciendo subsidios y trasladando parte del costo a los usuarios. No es un cambio menor: implica redefinir el contrato económico entre Estado, empresas públicas y consumidores.
El resultado es una reversión -incompleta, pero significativa- de los déficits estructurales. Donde antes había un problema sistémico, hoy hay focos específicos asociados a decisiones de política pública: subsidiar gas o transporte implica, necesariamente, sostener déficits en las empresas que canalizan esos subsidios.
El retorno del superávit fiscal
En paralelo, el saneamiento de las empresas públicas se inscribe en un proceso más amplio: el retorno del superávit fiscal del Sector Público Nacional tras más de una década. En ese marco, las empresas dejaron de ser un factor desestabilizador de las cuentas públicas.
El desafío hacia adelante no es menor. La mejora de resultados descansa en tres pilares: tarifas más altas, menor empleo y menos asistencia estatal, que tienen límites políticos y económicos. La pregunta ya no es cómo reducir el déficit, sino hasta dónde es sostenible hacerlo sin afectar acceso, calidad y cobertura de servicios.
La “motosierra” ordenó las cuentas. Ahora empieza la etapa más compleja: definir qué empresas públicas quiere, y puede, sostener la Argentina.
