La UFI N° 1 de Mercedes consideró que no se acreditó un delito penal ni la existencia de un responsable penalmente atribuible. El municipio, además, pudo acreditar “actos de gestión” para afrontar la problemática. Desde LLA calificaron la resolución como un “grave retroceso institucional” y exigieron nuevas pericias.
La disputa política por los incendios y la situación del basural de Bragado sumó un nuevo capítulo, esta vez en los tribunales: la Justicia archivó la denuncia penal presentada por concejales de La Libertad Avanza contra el intendente Sergio Barenghi, pero la fuerza opositora salió a cuestionar duramente la resolución y reclamó que la investigación continúe.
La decisión fue adoptada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes mediante una resolución fechada el 27 de julio, a la que accedió Bragado Informa. El Ministerio Público Fiscal determinó el archivo de las actuaciones al considerar que no se acreditó, con el grado requerido para avanzar penalmente, la existencia de un hecho típico ni la individualización de un autor penalmente responsable.
La denuncia había sido presentada en marzo por la concejal Daniela Monzón, con el acompañamiento de sus pares Paola Alsina y Andrés Drunday, y apuntaba a la situación del predio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios, particularmente a los incendios registrados durante los primeros meses del año.
Qué determinó la Justicia
Uno de los principales argumentos del pronunciamiento judicial fue que no pudo acreditarse la existencia de una infracción penal vinculada con la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
La investigación incluyó inspecciones y actuaciones de distintos organismos, entre ellos la Dirección de Policía Ecológica y la Dirección Provincial de Economía Circular.
Según surge de la resolución, esas intervenciones permitieron acreditar una “sucesión de actos de gestión” por parte del municipio para afrontar la problemática, circunstancia que el fiscal consideró incompatible con la existencia de una “omisión dolosa de los deberes a cargo del funcionario municipal”.
La denuncia había planteado, entre otros puntos, la existencia de contaminación del suelo, aire y agua, incendios reiterados, falta de tratamiento integral de los residuos y riesgos de inundación vinculados al canal de conexión con la Laguna de Bragado.
Sin embargo, la resolución sostuvo que las inspecciones realizadas no permitieron acreditar un daño ambiental o hidrológico que implicara un peligro concreto para la salud pública derivado de una fuente de agua de uso o consumo.
También señaló que no constaba que los residuos depositados en el predio encuadraran dentro de las categorías contempladas por los anexos de la Ley de Residuos Peligrosos.
El municipio acreditó medidas
Durante la investigación, el secretario de Gobierno, Esteban Burga, realizó un descargo en representación del municipio.
De acuerdo con el documento judicial, informó que el predio se encontraba cercado y controlado, mientras que los incendios denunciados no habían podido ser atribuidos a una causa determinada.
Estos elementos fueron considerados por la Fiscalía al momento de evaluar si existía una conducta penalmente reprochable por parte de las autoridades municipales.
LLA respondió con dureza
Lejos de dar por cerrado el tema, La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” al archivo de la causa.
El espacio cuestionó que la inexistencia de un delito ambiental haya sido sostenida sobre la base de que no se acreditó un peligro concreto para la salud pública y sostuvo que la decisión representa un “grave retroceso institucional” y una supuesta desconexión con la realidad que, según plantean, viven los vecinos.
Desde LLA hicieron especial hincapié en los incendios, la presencia de humo y la acumulación de residuos a cielo abierto, elementos que consideran evidencia suficiente de una problemática ambiental que debería ser abordada con mayor profundidad.
Además, el espacio invocó los principios de prevención y precaución establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675, argumentando que las autoridades deberían intervenir antes de que un eventual daño ambiental alcance consecuencias irreversibles.
Piden nuevas pericias y que el archivo no sea el final
En su comunicado, Monzón, Alsina y Drunday reclamaron la revisión de la medida, la realización de pericias técnicas independientes y la implementación de un plan de saneamiento y reconversión del predio.
“No aceptamos el archivo del expediente como el punto final de una problemática que sigue afectando nuestro aire, nuestra tierra y nuestra vida”, expresaron los tres concejales.
Así, el expediente judicial quedó archivado, pero la controversia política está lejos de terminar: la Justicia consideró que no había elementos suficientes para sostener un delito penal contra el intendente, mientras que La Libertad Avanza sostiene que el archivo no resuelve el problema ambiental del basural y reclama profundizar los controles.
Bragado, 28 de 2026.-
COMUNICADO PÚBLICO: REPUDIO AL ARCHIVO DE LA CAUSA POR EL BASURAL DE BRAGADO
Por medio de la presente, manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la reciente decisión de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes de archivar la denuncia penal por contaminación ambiental y mala gestión de residuos en el predio de disposición final de Bragado.
Consideramos que dictaminar la inexistencia de un delito ambiental bajo el argumento de que «no se acreditó un peligro concreto para la salud pública» representa un grave retroceso institucional y una alarmante desconexión con la realidad diaria que padecen los vecinos de nuestra comunidad. Los reiterados incendios, la humareda tóxica constante y la acumulación descontrolada de desechos a cielo abierto son evidencias empíricas de un daño que no puede ser invisibilizado por tecnicismos legales.
El principio de prevención y el principio precautorio, pilares fundamentales del derecho ambiental argentino (Ley General del Ambiente N° 25.675), exigen actuar antes de que los daños a la salud sean irreversibles. Esperar a que existan casos masivos de intoxicación o una contaminación total de las napas para tipificar el delito penal es una muestra de desamparo judicial hacia la ciudadanía.
Exonerar de responsabilidad penal a la gestión municipal, justificando los siniestros como hechos aislados o no dolosos, perpetúa un modelo de gestión de residuos obsoleto, insalubre y peligroso. La salud de la población y el derecho a un ambiente sano no pueden quedar supeditados a la complacencia judicial.
Exigimos que las autoridades competentes revisen esta medida, se profundicen las pericias técnicas de manera independiente y se implemente de forma urgente un plan definitivo de saneamiento y reconversión del basural. No aceptamos el archivo del expediente como el punto final de una problemática que sigue afectando nuestro aire, nuestra tierra y nuestra vida..Firma: Daniela Monzon, Paola Alsina, Andres Drunday
Por ahora, el expediente penal tiene una resolución; el conflicto político por el futuro del basural, en cambio, sigue abierto.
