La iniciativa plantea que los integrantes del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D) puedan someterse voluntariamente a exámenes para detectar sustancias psicoactivas. El proyecto también invita al intendente a implementar una medida similar para los funcionarios políticos del Ejecutivo.
Una iniciativa presentada en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante propone establecer un mecanismo de controles toxicológicos voluntarios para concejales y autoridades del cuerpo legislativo, con el objetivo declarado de fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la confianza de los vecinos en sus representantes.
La propuesta establece que los exámenes puedan realizarse al momento de asumir el cargo y, posteriormente, antes de la primera sesión de cada mes, ya sea ordinaria, extraordinaria o especial. Una vez realizado el control correspondiente a ese período, no sería necesario efectuar otro para las sesiones posteriores del mismo mes.
El proyecto aclara que se trata de una presentación voluntaria y sostiene que la medida debe ser entendida como una herramienta de prevención, transparencia y responsabilidad institucional, y no como una presunción de consumo o conducta indebida por parte de ninguno de los integrantes del Concejo.
¿Qué sustancias se buscarían?
De acuerdo con el texto, los estudios deberían detectar la presencia de sustancias psicoactivas no prescritas por un profesional de la salud, incluyendo cocaína y sus derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, además de alucinógenos y drogas sintéticas.
La iniciativa contempla que los análisis sean realizados por el Hospital Municipal, bajo protocolos de seguridad, resguardo y confidencialidad.
Los resultados quedarían bajo reserva
Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con el manejo de los resultados.
El texto establece que la documentación quedaría bajo la guarda y custodia de la Comisión de Asuntos Legales y Peticiones, cuyos integrantes tendrían la responsabilidad de preservar la confidencialidad de la información.
Además, se plantea dejar constancia de la identidad del concejal que realizó el examen y de la fecha correspondiente, mientras que los resultados serían de consulta exclusiva de los integrantes de la comisión en el ámbito de tratamiento previsto por la norma.
La iniciativa establece expresamente que la información obtenida no podrá ser divulgada ni utilizada para fines distintos de los establecidos.
Cada funcionario debería afrontar el costo
Otro de los puntos establecidos es que el costo de los exámenes estaría a cargo del funcionario que voluntariamente solicite realizarse el estudio.
En caso de aprobarse el decreto, la Presidencia del Concejo debería reglamentar el mecanismo y ponerlo en funcionamiento a partir de la próxima sesión del cuerpo.
También buscan llevar la medida al Ejecutivo
La propuesta no se limita al Concejo Deliberante. En su artículo 8, el proyecto plantea invitar al intendente municipal a adoptar medidas de similares características en el Departamento Ejecutivo, alcanzando a los funcionarios políticos designados.
De esta manera, la iniciativa busca que el mecanismo de controles voluntarios no quede circunscripto exclusivamente a quienes ocupan una banca en el Legislativo, sino que pueda extenderse también a quienes desempeñan cargos políticos dentro del Ejecutivo municipal.
“Transparencia, ejemplaridad y responsabilidad”
Entre sus fundamentos, el proyecto sostiene que quienes ejercen funciones públicas tienen una responsabilidad especial frente a la comunidad y que el desempeño de esos cargos debe estar acompañado por principios de integridad, transparencia y responsabilidad institucional.
También vincula la propuesta con la preocupación existente en torno al narcotráfico y el consumo problemático de sustancias, aunque plantea diferenciar las políticas de prevención y control institucional de aquellas vinculadas con la persecución del delito.
El texto cita, entre otros antecedentes, el artículo 16 de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de las Municipalidades bonaerense y la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
La iniciativa abre así una discusión que promete generar debate dentro y fuera del recinto: ¿deben quienes ocupan cargos políticos someterse voluntariamente a controles toxicológicos como una herramienta de transparencia y confianza ciudadana?
